¿Tiene tu vivienda certificado de eficiencia energética?

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Desde Europa apostaron por un consumo energético eficiente, y lo hicieron en un primer momento a través de la Directiva 2002/91/CE. Con esta directiva se trasladaban una serie de exigencias en referencia a la certificación energética de los edificios de la Comunidad Europea, que España adoptó a través del Real Decreto 47/2007. Pero posteriormente la directiva europea antes mencionada fue modificada a través de la Directiva 2010/31/UE que en España se transpuso a través del Real Decreto 235/2013 de 5 de abril. Con esta normativa se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios que entró en vigor el 1 de junio de 2013.

Con esta normativa y a partir del 1 de junio de 2013 cualquier propietario que quiera vender o alquilar su inmueble deberá tener un certificado de eficiencia energética del edificio y tendrá que ser presentado en el momento de la operación, será una parte más del contrato de compraventa o alquiler.

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Instalaciones piratas un riesgo inaceptable

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Todos los años por estas fechas nos encontramos con que mueren adultos y niños por inhalación de monóxido de carbono, explotan instalaciones de bombonas de gas en viviendas, o bien empresas sin escrúpulos engañan a personas mayores a la hora de hacer las revisiones de gas o contratos de electricidad.

Para que los piratas pongan en marcha su industria del engaño y del aprovechamiento ajeno, se suelen dar un cúmulo de circunstancias que van desde la falta de información por parte del usuario, el desconocimiento sobre los requisitos y medidas legales de mantenimiento de las instalaciones, la falta de escrúpulos de algunas personas que se aprovechan de la buena fe de los usuarios y que no dudan en emplear todo tipo de artimañas para entrar en los hogares con la justificación de hacer una falsa revisión de la instalación o prometer unos potenciales ahorros en los consumos.

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LA PMcM ACUERDA CON MONTORO IMPLANTAR UN RÉGIMEN SANCIONADOR PARA EMPRESAS MOROSAS

PMcM
Acuerda con Montoro implantar un régimen sancionador para empresas morosas

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), de la que CONAIF es miembro y fundadora, se reunió el 21 de mayo con Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en la Delegación de Gobierno de Barcelona, para concretar el desarrollo de un régimen sancionador para las empresas morosas, una medida reclamada por la PMcM desde la aprobación de la Ley de la Morosidad en 2010.

Cristóbal Montoro se comprometió a implantar medidas sancionadoras a las empresas que incumplan los plazos de pago, antes que finalice este año. Para avanzar en esta materia y encontrar una fórmula de consenso, el Ministerio de Hacienda creará una Comisión de Trabajo en la que participarán, de forma activa, técnicos de la PMcM.

El régimen sancionador presentado por la PMcM plantea multas de hasta 900.000 euros para las faltas muy graves y cierres temporales de un año a las empresas que acumulen 3 infracciones graves.

Tras esta reunión, la PMcM celebrará una asamblea extraordinaria en la que explicará a sus integrantes, cerca de 1 millón de empresas, el contenido del acuerdo y los próximos pasos a seguir para llevar a cabo la iniciativa.

El encuentro entre PMcM y el ministro Montoro, en el que también participó la patronal catalana de pymes, Pimec, se produce una semana después de que el Congreso de los Diputados votara en contra de una propuesta de ley para crear un régimen sancionador, impulsada por CiU pero rechazada por los votos de PP, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro.

Observatorio y figura del mediador

Además del régimen sancionador, la PMcM presentó a Montoro otras herramientas para reducir de forma efectiva la morosidad. Entre otras propuestas, implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial, como la figura del mediador que tanto éxito ha tenido en Francia; crear un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratados; y crear un Observatorio contra la Morosidad, cuya puesta en marcha permitiría conocer con rigor el comportamiento en los pagos en España.

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